Asunción, IP.- Desde la aparición del primer caso del nuevo coronavirus en Paraguay el gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, ha tomado una serie de medidas que apuntan fundamentalmente al fortalecimiento del sistema público de salud y al sostenimiento de una economía que reportaba hasta ese momento señales de crecimiento.
Como una de las medidas inmediatas, el Equipo Económico Nacional anunció la adquisición de equipos e insumos para salud por valor de 530.000 millones de guaraníes y la contratación de 2.700 profesionales de blanco. Un par de días después Hacienda ya anunciaba la racionalización de gastos en recursos del Tesoro por valor de 50 millones de dólares para la instalación de 50 camas de terapia intensiva y la excavación de 40 pozos para la provisión de agua potable.
Paralelamente el Ministerio de Hacienda establecía medidas excepcionales para la importación de insumos de salud imprescindibles como tapabocas, guantes, batas e hipoclorito de sodio, que tuvieron una reducción arancelaria. También se redujeron aranceles a insumos médicos y farmacéuticos.
Al mismo tiempo, el Equipo Económico Nacional trabajó en leyes más de fondo y gestionó con organismos multilaterales la contratación de préstamos. Uno de los primeros proyectos de ley remitidos al Congreso planteó la reasignación del 50% de los fondos de royalties, unos 45 millones de dólares, al fondo de emergencia; otro posterior planteó una línea de crédito de hasta 1.600 millones mediante compromisos con organismos internacionales y la emisión de bonos soberanos.
El objetivo fundamental de todos los proyectos de ley planteados fue asegurar los recursos para el fortalecimiento de salud, ampliar su capacidad de manera integral para responder con eficiencia al eventual aumento de demanda por causa de la pandemia.
De hecho, de los 1.600 millones de dólares planteados en el proyecto de ley de contingencia, unos 500 millones estarían destinados a la duplicación de camas para terapias intensivas, la compra de insumos hospitalarios, la adquisición de más reactivos para aumentar los test que detectan el Covid-19 y una bonificación especial para los trabajadores de blanco.
Sin embargo, las decisiones del Equipo Económico contemplaban también todo el impacto que las medidas de aislamiento social establecidas tendrían en la actividad económica, tanto del sector formal como el informal, por lo que se dispusieron ayudas de contingencia. Las primeras medidas en ese sentido fueron de estímulo fiscal y crediticio, pero con las nuevas leyes se brindaron asistencias mucho más agresivas.
Las primeras medidas de estímulo fiscal contemplaron la reducción de la tasa de política monetaria, del encaje legal a los depósitos en moneda extranjera y reducción de aranceles a la importación de bienes de capital. Así también se dispuso el fraccionamiento en cinco cuotas sin intereses de Impuesto a la Renta Personal, el Iragro e Iracis, la postergación del anticipo del IRE y la exoneración de multas impositivas hasta junio.
Al mismo tiempo se habilitó una línea de crédito por 100.000 millones de guaraníes del BNF para financiar capital de trabajo a empresas y mipymes con tasa de interés del 7% y un fondo de G.400.000 millones para la Reconversión de Operaciones del Sector Productivo, Comercial y de Servicio de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD). El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) flexibilizó pago de deudas.
Para el sector informal y cuentapropista se anunció la distribución de kits alimentarios, lo que posteriormente se revió para disponer de la entrega de un monto de 230.000 guaraníes para unas 330.000 familias, en una ayuda preliminar. Mediante la ley de contingencia se prevé destinar unos 300 millones de dólares para los sectores sociales donde se brindará asistencia a aproximadamente a 1.500.000 trabajadores afectados.
Así también se prevé mediante ley fortalecer al Instituto de Previsión Social para dar respaldo a los trabajadores formales mediante un monto de 100 millones de dólares para cobertura de salud de trabajadores afectados o una ayuda económica.
Junto a estas ayudas directas se planteó prorrogar el pago de servicios básicos (ANDE-Essap-Copaco) por los meses de marzo, abril y mayo, y la refinanciación del pago sin intereses en 18 cuotas. En el Congreso en cambio se decidió que la prórroga sea de hecho una exoneración para los usuarios que consuman 500 kilowatts mensuales de energía eléctrica.
Todos los recursos destinados a la contingencia del Covid-19 estarán sujetas a control estricto mediante la incorporación de la Secretaría Nacional Anticorrupción, para verificar del cumplimiento del plan de emergencia.