Por instrucciones del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, diversas instituciones del Estado han comprometido la adopción de las medidas necesarias para frenar la deforestación de los bosques nativos en la franja de protección del embalse de Itaipú. El Gobierno Nacional advierte que el atentado contra los recursos naturales protegidos en el área de influencia de la hidroeléctrica, puede afectar la principal fuerza energética del país.
El mandatario presidió hoy una amplia reunión desarrollada en Palacio de Gobierno, de la que participaron el director general paraguayo de Itaipú, Ernst Bergen; el ministro del Interior, Euclides Acevedo; la presidenta del Instituto Forestal Nacional (Infona), Cristina Goralewski; el presidente del Indert, Mario Vega; así como representantes de la Senad, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
En la ocasión, el director de la binacional expuso la problemática de las áreas protegidas de la Entidad a causa de la presencia de invasores que ocasionan delitos ambientales y se adoptó el compromiso de trabajar de manera interinstitucional para erradicar estas prácticas que atentan contra el patrimonio natural del Alto Paraná.
En plena cuarentena sanitaria, la Itaipú constató la tala de al menos 11 hectáreas de bosques nativos en la zona de Puerto Indio, Alto Paraná, a unos 100 kilómetros aguas arriba de la central hidroeléctrica. El área afectada forma parte de la franja de protección del embalse y resguarda los últimos remanentes del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA).
La intención es continuar coordinando acciones con el Gobierno para frenar la ocupación ilegal y la deforestación, sostuvo el director general paraguayo durante la presentación hecha a los representantes interinstitucionales, donde detalló también otras denuncias e intervenciones realizadas por la Entidad.
“Tuvimos una reunión muy productiva con las diferentes autoridades que nos están ayudando, con el señor presidente (Mario Abdo Benítez) para hablar sobre el tema. Como Itaipú Binacional, nuestra función es proteger lo que está a nuestro alcance, informar y que las autoridades de la seguridad nacional nos puedan dar una mano”, puntualizó.
A su turno, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, manifestó que el encuentro se realizó por pedido de la Binacional y pudieron constatar gráficamente el peligro en el que se encuentra la soberanía forestal y la fauna hídrica del Paraguay. Por ende, acotó que se ha tomado la decisión de la reconquista de los bosques deforestados e inmediatamente se tomarán todas las medidas, que constitucionalmente corresponden, en defensa de una soberanía que es de mayor contenido que el mero territorio, la cual es la soberanía del medio ambiente.
Compromiso interinstitucional
“Tenemos instrucciones precisas para impedir esto y estamos comprometidas las distintas instituciones, no solamente ITAIPU y la Fuerza Pública, sino también el Infona, Indert y el Ministerio del Medio Ambiente. De tal suerte a garantizar que el pulmón de la República no sea intoxicado por el virus de la deforestación, de la depredación de nuestra fauna, que, finalmente, termina atentando contra nuestra soberanía y, sobre todo, va a afectar a la principal fuerza energética que tiene la República”, declaró el secretario de Estado.
La zona dañada es particularmente sensible, considerando que la franja de protección de ITAIPU, constituida por una cobertura boscosa, tiene la función de reducir la erosión y el ingreso de sedimentos y contaminantes al embalse, protegiendo la materia prima para la generación de energía que es el agua. Asimismo, constituye un corredor biológico que une las reservas y refugios de la Binacional, permitiendo el paso de los animales y la preservación de otras formas de vida silvestre.
A finales de enero de este año, los guardaparques de la Binacional reportaron las primeras talas de árboles nativos en la zona. Ante este hecho, Itaipú solicitó refuerzo policial y procedió a presentar dos denuncias ante el Ministerio Público, una ante la Unidad Especializada de Delitos Ambientales, con sede en Ciudad del Este; y otra, ante la Unidad Penal por invasión de propiedad privada.