Chile cumplió este viernes tres semanas de protestas con una masiva manifestación en la que cientos de miles de personas volvieron a clamar contra la desigualdad y contra las medidas sociales anunciadas por el Gobierno de Sebastián Piñera al considerarlas «insuficientes».
Tras varios días de concentraciones más minoritarias, las calles de la capital chilena se volvieron a llenar de gente de todas las edades, incluidos ancianos y niños, que de manera pacífica denunciaron también la represión con la que las fuerzas de seguridad están conteniendo el estallido social, que ya se ha cobrado la vida de veinte personas y ha dejado miles de heridos.
«Esta va a ser la marcha más larga de la historia, y no por su longitud, sino porque no vamos a abandonar las calles. El pueblo de Chile está cansado», dijo a Efe, Jorge Salinas, un obrero de 62 años.
«No podemos parar la lucha si todavía no vemos cambios importantes por parte del gobierno. Queremos una nueva constitución y que se vaya Piñera», aseguró por su parte a Efe la universitaria Laura Ríos.
La marcha volvió a tener como epicentro Plaza Italia, una icónica rotonda que colinda con el centro histórico y que actúa de frontera entre los barrios acomodados y los barrios populares de la capital.
Allí, varios manifestantes renombraron la rotonda con una enorme pancarta en la que se leía «Plaza Dignidad» y otros llevaban carteles con consignas como «Marcho por los que han perdido sus ojos exigiendo dignidad» o «No hay roca más dura que mi resistencia».
También hubo batucadas y fuegos artificiales y cada cierto tiempo la multitud rompía a cantar el lema que se ha popularizado desde que comenzó el estallido social: «¡El que no salte es paco (carabinero)!».
«Tengo una deuda de 15.000 millones de pesos (cerca de 20.000 dólares) que contraje para estudiar. Es normal que salga a la calle a protestar, trabajo para pagar el crédito», reconoció a Efe la maestra Bárbara Ramírez.
El estallido social que vive Chile, el más grave de la democracia, se originó el pasado 18 de octubre en respuesta a la subida del precio del billete de metro, pero se convirtió luego en un clamor popular contra el Gobierno y el desigual modelo económico del país.
Piñera, quien decretó el estado de emergencia durante los primeros días de la crisis, respondió con una agenda social que no convence a los manifestantes e incluye aumento del salario mínimo y rebajas millonarias al sueldo de los parlamentarios.
El presidente anunció el jueves además una serie de medidas para combatir el «vandalismo» y convocó al polémico Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), un organismo creado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y conformado por los presidentes del Senado, el Congreso y los comandantes en jefe de las fuerzas armadas, entre otros.
Para el sociólogo de la Universidad de Chile Octavio Avedaño, la convocatoria del consejo fue una «provocación» por parte del mandatario y una muestra de que está «totalmente desconectado» de las demandas del pueblo: «En vez de ahondar en la agenda social que había marcado, decidió apagar el fuego con gasolina. Yo vaticino una intensificación de las protestas en los últimos días», declaró a Efe.
Algunos episodios de violencia
La concentración del viernes transcurrió en su mayoría de manera pacífica, aunque se dieron algunos enfrentamientos entre manifestantes y agentes del estado y se levantaron barricadas en calles aledañas a la Plaza Italia.
También se originó un gran incendio en un edificio histórico de la zona y varios encapuchados irrumpieron en una iglesia para llevarse imágenes religiosas.
«Si yo vengo pacíficamente a manifestarme, ¿cómo no me voy a enrabiar si me tiran perdigones?», se preguntó su amigo Mauricio Valdés, mientras se colocaba un pañuelo en la cara para protegerse de los gases lacrimógenos que disparaban los carabineros.
La ONU, que envió a un equipo de observadores al país, pidió precisamente este viernes a las fuerzas de seguridad que dejen de usar de manera «arbitraria e indiscriminada» perdigones y balines para contener las protestas porque eso constituye una «grave» violación de los derechos humanos.
Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un ente estatal independiente, hay 1.778 heridos hospitalizados, de los cuales casi dos centenares padecen lesiones oculares. EFE.