En la década de 1990, casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres fueron esterilizados a través de una estrategia para reducir la tasa de natalidad en indígenas y habitantes pobres de áreas rurales del país.
La Fiscalía peruana presentó cargos contra el expresidente Alberto Fujimori (1900-2000), sus exministros de Sanidad y otros altos cargos acusados de ser coautores de delitos de esterilizaciones forzosas en la década de 1990.
En dicha época, casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres fueron esterilizados a través de una estrategia para reducir la tasa de natalidad en indígenas y habitantes pobres de áreas rurales del país.
La audiencia virtual inició sobre las 10 de la mañana y estuvo a cargo del juez Rafael Martín Martínez y el fiscal Pablo Espinoza. La jornada se realizó vía videoconferencia con enlace desde la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía en la ciudad de Ate Vitarde, donde está detenido el expresidente.
Alberto Fujimori no se presentó a la cita judicial luego de sufrir una descompensación. Según la prensa local, el exmandatario recibe atención de una enfermera que lo asiste para de elevar su nivel de oxígeno a niveles normales.
César Nakazaki, su abogado, señaló que presentó un escrito en el que indicó que su defendido “no tiene la obligación legal de concurrir” a dicha audiencia.
Esta acción judicial de cargos permitirá investigar los hechos como crímenes contra la humanidad, para poder acusar a los responsables, llevarlos a juicio oral y condenarlos.
En un inicio, la cita había sido programada para el 9 de diciembre de 2019 y luego pospuesta para el 20 de marzo de 2020.
“Exigimos que la investigación judicial sea rápida y bien hecha, para llegar al juicio oral y lograr sanción a los culpables”, dijo antes de la audiencia de sustentación de cargos el colectivo ‘Somos 2074 y Muchas Más’.
En 1996, Alberto Fujimori aprobó el programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, a través del cual se esterilizó forzosamente a miles de mujeres, en su mayoría campesinas, indígenas, andinas y amazónicas en situación de pobreza en zonas rurales y urbano populares.
Las ONG locales e internacionales denuncian que más de 25 mil mujeres no fueron informadas acerca de que el método anticonceptivo era irreversible. Además, de acuerdo a ‘Somos 2074 y Muchas Más’, las ligaduras de trompas se realizaron “sin consentimiento previo, informado en lengua materna y por escrito, y que hubo una política estatal con metas, incentivos y sanciones.
Se estima que al menos 18 mujeres murieron como resultado de la cirugía. En los tribunales hay pendientes aún 1.307 denuncias.
Además de Alberto Fujimori, se presentan cargos contra los exministros de Sanidad Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, como coautores de los delitos en contexto de graves violaciones de derechos humanos.
También contra Segundo Henry Aliaga Pinedo, Enrique Octavio Marroquín Osorio, Magda Isabel Gonzales Carrillo y Ulises Jorge Aguilar por el caso de Mamérita Mestanza.
Los casos más emblemáticos justamente fueron los de Mestanza, que falleció en 1998 dejando huérfanos a siete hijos e hijas, y el de Celia Ramos, quien murió en 1997 dejando en la orfandad a tres hijas.
Fuente: Agencia de noticias Anadolu.