Un sorpresivo megaoperativo policial puso en disposición de la Justicia a la exsecretaria de Documentación del expresidente Mauricio Macri, Susana Martinengo, y a una veintena de agentes de Inteligencia, acusados de realizar espionaje ilegal durante la gestión anterior.
Super Mario Bros. era el nombre del grupo en la aplicación de mensajería Whatsapp con el que se identificaban los integrantes e informantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) detenidos por orden del juez federal Federico Villena en el marco de una de las 12 causas judiciales que investigan el sistema de espionaje ilegal perpetrado por el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
Martinengo aparece en la causa que maneja el juez Villena como nexo entre el líder de los espías del grupo Super Mario Bros, Jorge El Turco Sáez, y el excoordinador general de Asuntos Presidenciales y secretario privado de Macri, Darío Nieto, cuyo domicilio fue allanado el 25 de junio.
Sáez aseguró que el extitular de la AFI y amigo personal de Macri, Gustavo Arribas, dio la orden de seguir y realizar informes sobre políticos, en particular de la entonces oposición peronista. Lo dijo durante su exposición del 19 de junio ante la Comisión bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia del Congreso nacional.
Sáez fue detenido en el operativo, a la par de otros exespías como el expolicía Leandro Araque y el abogado Facundo Melo. Araque y Melo son investigados en otra causa por el presunto espionaje a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) y el think tank del kirchnerismo, el Instituto Patria. Araque y Melo se reunieron con Martinengo 12 veces entre mediados de 2018 y principios de 2019, según los registros de ingreso a la Casa Rosada.
Watergate argentino
«Es una especie de Watergate argentino [referencia al escándalo de espionaje político que acabó con la presidencia de Richard Nixon en EEUU en 1974] por espiar a la oposición, pero también a parte del oficialismo, cuando se barajó alguna candidatura presidencial que no fuera la de Mauricio Macri, a la propia hermana de Macri, por alguna cuestión, y al obispo Jorge Lugones, amigo del papa Francisco, para ver si estaba armando alguna estructura política en el país», explicó Kollmann.
Unas 500 personas, entre políticos, periodistas, empresarios, sindicalistas y referentes de organizaciones fueron espiados ilegalmente. Las denuncias contra el Gobierno de Macri y la cúpula de la AFI durante su gestión se acumulan en 12 diferentes causas que investiga la Justicia federal, y por las que se encuentran imputados en algunas.
La AFI es acusada de encabezar investigaciones ilegales a personalidades como los expresidentes Cristina Kirchner y Eduardo Duhalde (2002-2003) y a referentes del macrismo como los actuales jefe y vicejefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
También fueron espiados el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, dirigentes de todo el arco político, líderes sindicales como el dirigente camionero Hugo Moyano o el gastronómico Luis Barrionuevo, periodistas reconocidos como Luis Majul o Hugo Alconada Mon, y referentes de organizaciones sociales y religiosas como el padre Pepe Di Paola.
En proceso de investigación se encuentran además las escuchas ilegales que se habrían realizado en la cárcel de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, a exfuncionarios y empresarios vinculados al kirchnerismo que fueron procesados con prisión preventiva durante el Gobierno de Macri.
«Se espiaba también a presos de manera muy vergonzosa, con micrófonos aparentemente hasta en las celdas, en los lugares donde se reunían con los abogados. Se hacían seguimientos a cualquier persona que iba a visitarlos, se hacía un análisis de sus familias, de sus empresas si era el caso, de sus parejas. Tiene pocos antecedentes en el mundo», alertó el periodista.
Esta semana, la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, elevó una nueva denuncia ante la Justicia federal contra Macri, Arribas y la exsubdirectora de la AFI, Silvia Majdalani, por la venta irregular de 300 armas de fuego a agentes y funcionarios.
El 5 de marzo pasado, el presidente, Alberto Fernández, decretó que la AFI ya no podrá ser auxiliar en investigaciones criminales que llevan adelante los jueces penales federales ni realizar funciones policiales, en un nuevo intento por limpiar un organismo criticado por su oscurantismo.
La AFI fue creada en 2015 en el último año de mandato de Cristina Fernández para reemplazar la Secretaría de Inteligencia (más conocida por sus siglas anteriores, SIDE: Secretaría de Inteligencia Del Estado) y desplazar a la cúpula del organismo, en un intento de depurar el aparato.
El expresidente Macri estuvo involucrado en una causa por escuchas ilegales a opositores, sindicalistas y empresarios en 2009, cuando era jefe de Gobierno porteño. Por la causa estuvieron detenidos el entonces jefe de la Policía porteña, Jorge Fino Palacios, su sucesor en la fuerza de Seguridad, Osvaldo Chamorro, entre otros funcionarios. La causa fue declarada nula en 2018, cuando Macri era presidente.