BUENOS AIRES, — La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Argentina, Cristina Caamaño, elevó una nueva denuncia ante la justicia federal contra el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y contra el director del organismo durante su gestión, Gustavo Arribas, por la venta de 296 armas de fuego a agentes y funcionarios.
«Nueva denuncia de la AFI contra Macri y Arribas», informaron fuentes judiciales a las que accedió Sputnik.
La interventora de la agencia de inteligencia explicó que se produjo la venta de armamento «de distinto calibre que integraba el patrimonio» de la AFI.
Se permitió «a funcionarios y agentes en actividad adquirir hasta cinco armas por persona a un precio totalmente irrisorio y alejado de la realidad, y además prácticamente sin requisitos respecto a las condiciones exigidas para su acceso», explicó Caamaño.
Documentos probatorios
Como director general de la AFI, Arribas dictó «dos resoluciones, una en agosto de 2017 y la otra en diciembre de 2018 —carentes absolutamente de sustento jurídico y fáctico— que fueron las que en definitiva permitieron se lleve a cabo el procedimiento».
La primera declaró «en condiciones de rezago el armamento (…) por no resultar económicamente rentable ni factible su recuperación», y autorizó «la venta del armamento (…) a los agentes pertenecientes a la Agencia que posean Credencial de Legítimo Usuario».
El informe sobre el cual se basó Arribas, según Caamaño, no permite deducir que las armas «constituyen armamento de rezago, sino sólo se las clasifica como material en desuso», que implica que «la cosa continúa preservando su cualidades propias para su normal uso» y no «residuo».
La AFI vendió escopetas y pistolas a 73 agentes que no alcanzan «el 20% del valor real de un arma usada en el mercado formal», de acuerdo a la denuncia.
La denuncia quedó a cargo del juez Daniel Rafecas, y de la Fiscalía encabezada por Federico Delgado.
La actual interventora de la AFI presentó a principios de mes otra denuncia contra Macri y los titulares del organismo en el que se daba cuenta de supuestas prácticas de espionaje ilegal a unos 500 periodistas, dirigentes sociales y políticos, académicos y empresarios.
Al asumir en diciembre de 2019, el actual Ejecutivo de Alberto Fernández anunció que la AFI dejaría de contar con fondos reservados y designó a su actual interventora.